Las posiciones del Senador Omar Fayad Meneses resultan muy extrañas. Primer propone una iniciativa de Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos, y menos de una semana después cambia de postura y decide retirarla, quemarla, cambiarla u lo que sea.

Digo que resulta extraño porque el contexto no estaba para eso. Vaya, desafortunadamente para los mexicanos la regulación del uso de la Internet no ha sido importante para el Poder Legislativo.

Y así, sin venir al caso, sin mediar conflicto, sin una explicación de la tardía reacción, o sin conocer los hechos para anticipar la comisión de delitos electrónicos, de buenas a primeras cuando la opinión pública nacional estaba en pausa debido al regreso de la Fórmula 1 a México, sale el Senador, y como si abriera las compuertas de la presa, le llega una avalancha de críticas de ciudadanos y organismos civiles debido a que su Ley, aparte de centrarse en los delitos informáticos, se engolosinó hasta llegar al punto de la presión casi casi dictatorial en el uso y manejo de la Internet y la exposición de contenidos en este país.

Entonces a los mexicanos se les olvida que Enrique Peña Nieto existe, de hecho se queda callado y envía a la inexperta Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu, a la ceremonia del Gran Premio de México en la Fórmula 1. Miguel Ángel Osorio Chong tampoco se escucha y menos se ve después de la trastada de hace una semana y media de hacer el llamado de “Ya basta” para que la sociedad mexicana e internacional deje de culpar al Gobierno en el caso Ayotzinapa.

Luis Videgaray Caso tampoco llama mucho la atención a pesar que en estos precisos momentos sigue cabildeando el presupuesto de ingresos, y negociando la aplicación de gravámenes a productos diversos con el Poder Legislativo.

Los Gobernadores también  estaban en calma. Vaya, no había noticia de alto impacto, ni crítica endurecida hacia la inactividad gubernamental como para levantar semejante cortina de humo como la iniciativa de Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos.

Francamente es un misterio que el tema haya salido de esa forma, pues cualquier político de medio pelo habría anticipado –particularmente en estos momentos de efervescencia en las redes sociales- que hacer pública semejante intención desataría la ya de por sí exacerbada crítica en los distintos sitios sociales y de comunidades en Internet.

¿No le parece raro? Hicieron una discusión de la nada. O el Senador no tenía nada mejor qué hacer, o le ordenaron de la Presidencia de la República y su partido el PRI hacerlo para “sondear” la opinión pública, o la cortina de humo funcionó, y no nos hemos dado cuenta aun qué sucedió en esta semana.

No hay otra manera de explicarlo. El Senador Fayad es un político con experiencia, un policía de la política, hacedor de Federales e incluso estuvo en la lista corta para ser Comisionado Nacional de Seguridad y su nombre no escapó a los renglones donde se escribieron los probables sucesores de Jesús Murillo Karam en la Procuraduría General de la República. Vaya, Fayad no es un improvisado pero sí es muy, harto, institucional en órdenes de Gobierno, y fanático en tratándose del Partido en el cual milita.

O quizá la iniciativa de Ley Federal se hizo para no hacer nada. Es decir, ciertamente hay necesidad de regular –no los contenidos- sino el acceso a la Internet y sus procesos para la comisión de delitos como usurpación de identidad, extorsión, lavado de dinero, pornografía infantil, trata de personas, lenocinio, apuestas ilegales, violaciones de derechos de autor, ataques cibernéticos, censura, amenazas, fraude, robo, y una serie de delitos que ya lo son, pero que en la Red Internacional de la Información no son perseguidos en México.

En esa cuestión tiene razón el Senador Omar Fayad Meneses: “Las nuevas tecnologías y la creciente demanda del internet, resultan un campo fértil para la delincuencia, que ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través de medios electrónicos y tecnológicos, los cuales son aprovechados para afectar a la ciudadanía, las empresas y el gobierno”.

Pero de eso a pretender callar las críticas al Gobierno, a los políticos y a las personas públicas de este país, con sanciones extremas, años de cárcel o multas, es otra cosa. Fayad quería castigar la revelación de secretos. Publicar por ejemplo los videos donde se ve a los ex diputados del Partido Acción Nacional departiendo con desnudistas habría significado –en la Ley promovida por Fayad- de seis a doce años de cárcel más una multa económica.

Lo mismo a quienes desde el gobierno, aprovechando el entorno deciden denunciar la corrupción, la transa, el abuso y la presión de y en las instituciones hacia los ciudadanos. Esa sola conducta de denuncia sería también castigada con prisión.

En general a quien dé a conocer información contenida en los sistemas gubernamentales sobre el manejo de recursos, las acciones y programas de gobierno, entre otros, podría ir a la cárcel. La iniciativa de Fayad es, efectivamente, una mordaza a funcionarios y ciudadanos que atestiguan actos ilícitos y los quieren dar a conocer por medio de redes sociales y comunidades en la Internet. Y para ello echarían mano de la Ciber Polícía, que, a propósito, en algunos estados es ya una realidad.

Omar Fayad cruzó la delgada línea que separa la regulación de la censura; se movió en aguas turbulentas de presión gubernamental para tratar de acallar a un universo de voces críticas que tienen el poder de decir lo que piensan con un solo “click” y, en muchos casos, hasta gozar del anonimato.

La regulación de contenidos en la Internet es un tema de suma sensibilidad, porque atenta a la libertad de expresión, una garantía para los ciudadanos y un derecho universal.

Mientras en los medios tradicionales de comunicación el Gobierno y las entidades concentradoras de poder han dado con la manera de incidir en las políticas de contenido y limitar la libertad de expresión, sea a partir de convenios, prebendas, amenazas, estrategias de comunicación y regulaciones como la Ley Nacional de Seguridad Pública que limita muchísimo la divulgación de información en la materia, trasladar esas acciones a la Internet, es pretender regular a los más de 50 millones de mexicanos que navegan por el ciberespacio y que, día a día, profundizan en manifestar su posición frente a los temas nacionales.

En otros países ha habido intentos de regular la emisión de contenidos en la Internet, al igual que en el caso de Fayad, argumentando la persecución en la comisión de delitos como origen de la propuesta, pero transcendiendo a la censura de la comunidad en medios electrónicos y digitales; fue el caso de la Ley SOPA (Acta para detener la Piratería por Internet, por sus siglas en inglés), que con el pretexto de salvaguardar los contenidos y defender los derechos de autor, pretendieron censurar a los cibernautas y limitarles el derecho a la libre expresión.

Es el caso de la propuesta de Ley Federal del Senador Fayad, que en menos de una semana se ha detenido (la Ley SOPA estuvo en el debate internacional unos tres, cuatro meses antes de ser parada). Por eso es extraño el caso del Senador Fayad, que no se sabe bien a bien, por qué, por quién, con cuál objetivo y en razón de qué, se metió en una polémica que, sabía –es imposible no preverlo- perdería.

Porque ciertamente, se antoja poco probable que lo que les preocupe a Omar Fayad y al gobierno federal sea el crimen organizado que también se mueve tan impunemente a través de la web como en las calles de este México que no termina de encontrar la paz y la justicia social.

O acaso será que de pronto Omar Fayad comprendió, al igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que la censura en Internet es un tema que les queda grande o que la delincuencia que ahí se ha anidado es demasiado lucrativa como para combatirla, y terminaron con el tema, que de la nada, ellos metieron al debate nacional.

Adela Navarro Bello

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